CHA traslada al Congreso su rechazo a la línea de muy alta tensión Escatrón-La Secuita
Ha promovido iniciativas para denunciar que un proyecto unitario se haya fragmentado artificialmente en siete expedientes administrativos distintos y para reclamar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado del conjunto del proyecto de la Línea de Muy Alta Tensión Escatrón-La Secuita, entre Aragón y Cataluña, y de sus infraestructuras asociadas, con el objeto de evitar las afecciones ambientales, territoriales, paisajísticas y socioeconómicas sobre los municipios afectados.
Chunta Aragonesista ha trasladado al Congreso su rechazo a la Línea de Muy Alta Tensión Escatrón-La Secuita, entre Aragón y Cataluña, mediante la presentación de iniciativas parlamentarias, a través del Grupo Plurinacional Sumar, en las que se denuncia la fragmentación artificial de dicho proyecto en siete expedientes administrativos y se solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que se realice un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado de todo el conjunto del proyecto y de sus infraestructuras asociadas, con el objetivo de evitar las afecciones ambientales, territoriales, paisajísticas y socioeconómicas sobre los municipios afectados.
El proyecto de Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Escatrón–Els Aubals–La Secuita, con una longitud aproximada de 181 kilómetros y una capacidad de evacuación estimada en 3.000 MW, que pretende transportar energía generada en Aragón hacia el polo petroquímico de Tarragona, coincidiendo con la previsión del cierre de los reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II, supone una grave afección territorial, ambiental, social y paisajística para Aragón, particularmente para los municipios de Escatrón, Sástago, Chiprana, Caspe, Maella, Mazaleón, Calaceite, Samper de Calanda y Castelnou, lo que ha generado una profunda preocupación social e institucional, al tratarse de un territorio de alto valor agrícola, ambiental, paisajístico y patrimonial, cuya sostenibilidad constituye uno de los pilares fundamentales de su desarrollo presente y futuro. También afecta a 28 municipios de la provincia de Tarragona, así como unos 1300 propietarios de fincas.
Desde el punto de vista técnico y funcional, se trata de una única infraestructura, que el promotor y las administraciones han decidido dividir artificialmente en siete expedientes administrativos distintos, lo que impide realizar una evaluación ambiental completa, coherente y ajustada a la realidad, tal como exige la ley. Esta fragmentación se decide a pesar de que el proyecto se presenta en todos los documentos oficiales —incluido el propio Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)— como un “eje” unitario, está recogido como una actuación única en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021–2026 y técnicamente es evidente que sus partes son interdependientes, y a pesar de que el Tribunal Supremo y el TJUE han establecido como doctrina firme que no se puede dividir artificialmente un proyecto para evitar una evaluación ambiental completa, y a pesar de que el proyecto afecta a espacios de la Red Natura 2000 y la Directiva Hábitats exige una evaluación integrada cuando existe riesgo para estos espacios.
CHA traslada una vez más al Congreso su preocupación por la acumulación de proyectos energéticos en el territorio aragonés, que en muchos casos se tramitan de manera fragmentada, impidiendo una evaluación global de sus efectos sinérgicos y acumulativos. La planificación energética debe responder a criterios de equilibrio territorial, justicia distributiva y sostenibilidad ambiental, evitando que determinadas zonas rurales soporten de forma desproporcionada las infraestructuras de transporte eléctrico sin obtener un retorno claro en desarrollo local.
Consideramos que la transición energética es necesaria y urgente, pero debe realizarse con criterios de racionalidad territorial, proximidad entre generación y consumo y cuya magnitud sea sometida a un Estudio de Impacto Ambiental integral que analice el conjunto del proyecto y sus ramificaciones, evaluando alternativas de trazado, soterramiento parcial y medidas correctoras suficientes. La proliferación desordenada de macroparques eólicos y fotovoltaicos, junto con sus infraestructuras de evacuación —subestaciones y líneas de Muy Alta Tensión—, está generando una sobreocupación de comarcas enteras, afectando a la biodiversidad, a los paisajes agrarios, a zonas de alto valor ecológico y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 y ZEPA. Además, este modelo de implantación energética carece de una planificación pública integral que garantice equilibrio territorial, participación ciudadana y retorno socioeconómico local.
Por eso, a instancia de CHA, se ha registrado la siguiente pregunta al Ministerio competente: «¿Por qué razón se decidió dividir artificialmente en siete expedientes administrativos distintos el proyecto de la Línea de Muy Alta Tensión Escatrón-La Secuita, entre Aragón y Cataluña, a pesar de que, desde el punto de vista técnico y funcional, se trata de una única infraestructura y de que, al fragmentarla, se impide realizar una evaluación ambiental completa, coherente y ajustada a la realidad, tal como exige la ley? ¿Tiene previsto el Gobierno realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado del conjunto del proyecto de la Línea de Muy Alta Tensión Escatrón-La Secuita y de sus infraestructuras asociadas, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos derivados del conjunto de proyectos vinculados a esta línea, con el objeto de evitar las afecciones ambientales, territoriales, paisajísticas y socioeconómicas sobre los municipios afectados?».
También se está elaborando, a propuesta de CHA, una proposición no de ley en el mismo sentido para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
