NC-BC propone blindar en la nueva ley canaria de la ciencia una financiación estable y creciente para la I+D+i
Carmen Hernández presenta 22 enmiendas parciales al proyecto de ley para
situar a las universidades públicas en el centro del sistema científico
de Canarias
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha propuesto blindar, con las 22
enmiendas parciales al Proyecto de Ley (PL) canario de la Ciencia, una
financiación estable y creciente para la investigación, el desarrollo y
la innovación (I+D+i) hasta alcanzar el 3,2 por ciento del gasto público
en 2030. La diputada de NC-BC y autora de las iniciativas de mejora del
PL del Gobierno de CC y el PP buscan situar a las universidades públicas
en el centro del sistema científico canario, mejorar la gobernanza,
simplificar la gestión administrativa y garantizar una financiación
pública creciente y jurídicamente vinculante.
Carmen Hernández, en rueda de prensa, informó que las enmiendas
parciales están estructuradas en 11 grandes ejes con el objetivo de
“mejorar, reforzar y dotar coherencia” a una norma esencial para el
futuro del Archipiélago.
La diputada del grupo nacionalista progresista recordó que el
Archipiélago es un territorio “altamente” dependiente del monocultivo
turístico y, en consecuencia, “vulnerable a los vaivenes” de la
situación mundial. Por esta razón, en su opinión, apostar por la
diversificación económica no es una opción voluntaria del gobierno de
turno, sino una “obligación para garantizar un modelo económico
sostenible”. Esa diversificación, subrayó Carmen Hernández, pasa
“necesariamente” por la economía del conocimiento.
Afirmó que las 22 propuestas de mejora registradas por NC-BC han sido
elaboradas con las dos universidades públicas, la de Las Palmas de Gran
Canaria y La Laguna. Denunció que resulta “inaudito” que el Ejecutivo
presidido por Fernando Clavijo no requiriera la participación de estas
dos instituciones académicas en la elaboración del texto legislativo.
Pero además calificó como “inasumible que las universidades públicas
carezcan de un tratamiento singular” en la propuesta del Ejecutivo de
las dos derechas. En esta norma, como defendió Hernández, tiene que
haber un “título propio, específico” dedicado a ambas instituciones y es
una de las mejoras recogidas en sus enmiendas. Son “ellas las que forman
a la mayoría del personal investigador, las que forman a doctores y
doctoras y las que sostienen una buena parte de la transferencia del
conocimiento”, destacó.
De los 11 ejes Carmen Hernández dedicó también una mención singular a la
financiación, que definió como el “corazón” de la nueva norma. Mostró su
preocupación por que se vincula la misma al Producto Interior Bruto,
pero “en función de la disponibilidad presupuestaria”.
Para Nueva Canarias, esa coletilla no es aceptable. Refirió que, en los
últimos tres años pese al incremento global de 2.300 millones de euros
de los presupuestos elaborados por el gabinete de Clavijo, se han
recortado cerca de 13 millones de euros acumulados en I+D+i.
Propuso reforzar el carácter vinculante de la financiación pública en
I+D+i mediante porcentajes claros y crecientes hasta alcanzar el 3,2 por
ciento del gasto no financiero en 2030. “Esto es hablar de hechos y no
de promesas; de compromisos legales realistas”, sostuvo.
Asimismo, defendió permitir el uso de los remanentes de tesorería de las
universidades públicas para financiar investigación sin penalizaciones
injustas, garantizando recursos estables incluso en contextos económicos
adversos.
“Investigar no es un gasto, es una inversión estratégica para
diversificar la economía canaria y ganar soberanía de cara al futuro”,
insistió.
En el compromiso de NC-BC con una ley “realista, ambiciosa y coherente,
que reconozca a quienes sostienen el sistema, que cuide a quienes
investigan y que apueste de verdad por la ciencia como motor del
desarrollo económico y social de esta tierra” se enmarcan el resto de
los ejes de las enmiendas.
El tercero refuerza el papel vertebrador de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Acissi), el
principal órgano gestor de la política científica en Canarias. Para la
parlamentaria canarista, “no cuenta con un apartado específico en el
texto, por lo que promueve consolidar su protagonismo y avanzar hacia
una mayor autonomía funcional.
El cuarto apuesta por blindar la carrera investigadora basada en la
estabilidad laboral, el mérito, la movilidad y la vinculación con el
sector productivo. Carmen Hernández criticó que el PL hable de
“atracción, retención y retorno del talento” sin concretar medidas
eficaces. “Son palabras vacías si no se traducen en soluciones reales a
la precariedad del personal investigador”, recriminó.
Entre las iniciativas de NC-BC también se incluye mejorar la
representación de las universidades en el consejo canario asesor de
ciencia, tecnología e innovación, mediante la incorporación además de
los consejos sociales y fundaciones universitarias para reforzar el
vínculo con la sociedad y el tejido productivo.
Otros ejes abordan el reconocimiento de la excelencia y del título de
doctor, la definición clara de los agentes del sistema canario de
ciencia, tecnología e innovación –incluyendo universidades públicas,
fundaciones, oficinas de transferencia, parques tecnológicos y entidades
de difusión científica– y la incorporación de un título específico
sobre transferencia de conocimiento, entendida como una misión esencial
al mismo nivel que la docencia y la investigación.
Las propuestas de mejora del PL también plantean que la estrategia
canaria de ciencia, tecnología e innovación incluya todas las áreas del
saber sin exclusiones, que se simplifiquen los procedimientos
administrativos y de subvenciones, especialmente en la gestión de fondos
europeos; y que se introduzca el principio de neutralidad tecnológica en
relación con la inteligencia artificial, evitando que una ley marco
quede anclada a una tecnología concreta.
